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Tendremos Juicios Orales Penales en todo el País en el 2016

La reciente designación de Ma. de los Ángeles Fromow, como Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), abre una oportunidad para acelerar los trabajos en la implementación del nuevo sistema penal acusatorio-oral en todo el país. A escasos 3 años y medio de concluir el plazo legal, existen entidades con serios rezagos. Sin embargo, la Dra. Fromow confía en que la voluntad política y los esfuerzos de las autoridades estatales permitirán cumplir con el mandato del constituyente permanente.

 En el 2016, asegura la titular de la SETEC, en todo el país se impartirá una justicia penal bajo el esquema de juicios orales, incluido el Poder Judicial Federal y el DF. A la fecha opera totalmente en 3 estados, parcialmente en 8, entrará en vigor en breve en 5, en 15 se está en etapa de planeación y en Nayarit está iniciando. Por ello, descarta Fromow Rangel la posibilidad de solicitar al legislativo una ampliación del término. A continuación presentamos a nuestros lectores la parte sustancial de la entrevista.

    "Ordena el Presidente de la República acelerar los trabajos en la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal"
 

¿Cuál su diagnóstico sobre los avances en la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal en el país?

Hay avances insoslayables, sin embargo, es necesario acelerar los esfuerzos para impulsar su implementación y cumplir con los plazos establecidos en la reforma constitucional.  Recordemos que se trata de modernizar el Sistema de Justicia Penal de nuestro país, cuyas principales características sean la transparencia, los medios alternativos de solución de conflictos, la oralidad y la prontitud, para alcanzar una impartición de justicia que garantice a cada ciudadano el respeto de sus derechos humanos. Nuestro compromiso es que el nuevo Sistema de Justicia Penal opere plenamente en todo el territorio nacional en el año 2016 y ello requiere tal y como lo instruyó el C. Presidente de la República, acelerar la aplicación de la Reforma Penal. Les puedo asegurar que tendremos juicios orales penales en todo el país en el año 2016.



¿Cuál será su estrategia de coordinación con los gobernadores?

Desde ahora la SETEC inicia una etapa en la implementación del nuevo sistema de justicia penal, en la que la premisa fundamental es acelerar los trabajos a través de una estrategia de acercamiento, diálogo y coordinación, con pleno respeto a la soberanía de los estados, para que de manera conjunta con los órganos implementadores se realicen las acciones necesarias para impulsar y agilizar la reforma penal. Estamos realizando reuniones con los órganos implementadores de cada Estado para conocer el status específico que guarda la implementación de la reforma penal, determinar necesidades y apoyar sus estrategias, con el propósito de instrumentar las acciones que consoliden los esfuerzos.

 Dentro de esta estrategia es sustantivo sensibilizar sobre la importancia que tiene implementar el nuevo sistema de justicia. Es imprescindible involucrar a todos los actores en el sistema acusatorio para aplicar los principios que orientan el nuevo modelo y lograr la comprensión de cada una de las fases procesales que lo integran.

 Nuestra estrategia, además del trabajo con los gobernadores, implica reforzar los vínculos y la coordinación con los 3 Poderes de la Unión en los 3 órdenes de gobierno; con la academia, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y con la comunidad internacional para identificar las mejores prácticas y ponerlas en marcha en nuestro país.

"La implementación del nuevo sistema de justicia penal es uno de los principales ejes de gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto; cumpliremos con nuestro deber de sumar esfuerzos para lograrlo."

 

¿Qué retos enfrenta en estos momentos la SETEC?

En estos momentos, el principal desafío que enfrenta la SETEC es acelerar coordinadamente la implementación de la Reforma, tal como lo han instruido el Presidente de la República y el Secretario de Gobernación. Es impostergable consolidar la transición del actual sistema mixto hacia el acusatorio, y en especial,  perfeccionar las técnicas de investigación del delito, para generar una nueva forma de procuración de justicia, con pleno respeto a las garantías individuales y a los derechos humanos. En la parte técnica y financiera, se avanzará en simplificar el procedimiento para otorgar los subsidios a las entidades federativas y se les acompañará con asesoría en la elaboración de sus proyectos, todo ello en cumplimiento estricto del Estado de Derecho. Los subsidios se han entregado a la fecha de manera ordenada y con base en los proyectos presentados por las entidades federativas en 8 ejes que integran la estrategia nacional, sin embargo, para acelerar la materialización de la reforma es importante disminuir tiempos administrativos y reforzar los proyectos en lo técnico y lo operativo para desarrollarlos completamente. De igual manera, es toral contar con los recursos suficientes para una adecuada implementación. Es prioridad que en las entidades así como en el ámbito federal se concreten los proyectos de trabajo.


¿Cuáles son las prioridades en su agenda de trabajo?
  • Impulsar la armonización del marco jurídico en los estados del país acorde a lo establecido en la reforma constitucional.
  • Reforzar y acompañar de manera técnica y operativa a las entidades federativas en la implementación del nuevo sistema de justicia penal.
  • Diseñar e implementar  una estrategia de comunicación integral, entre los diversos medios de comunicación.
  • Impulsar el Código Procesal Penal Único.
  • Reforzar los vínculos y la coordinación con los operadores del sistema, la academia, las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos e instancias internacionales.
  • Reforzar la capacitación que se imparte a los operadores del nuevo sistema de justicia penal; esto es, jueces, ministerios públicos, policías, defensores, entre otros, para que desarrollen las habilidades y competencias que requiere el nuevo sistema de justicia penal.

¿Cómo debe ser la coordinación con el Poder Judicial Federal y el Poder Legislativo para agilizar la implementación del nuevo sistema de justicia penal?

El Poder Judicial Federal despliega capacidades para reforzar las acciones tendientes a difundir el nuevo sistema de justicia penal, para sensibilizar a sus servidores públicos en temas críticos a fin de lograr una implementación ordenada de la reforma, y sobre todo, para profesionalizar y especializar a los funcionarios responsables. En el caso del Legislador se ha hecho evidente un clima de trabajo y acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas nacionales para presentar iniciativas de reforma en leyes que son necesarias; en ese marco la setec participará, con absoluto respeto a esa soberanía, para contribuir a perfeccionar la normatividad que requiere el sistema de justicia penal. La coordinación entre el Poder Judicial Federal y el Poder Legislativo es sustancial, como lo es también, una interrelación dinámica y constructiva con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública y con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Quisiera señalar que en el 2010, el Poder Judicial de la Federación integró al Consejo Consultivo y el Consejo Asesor del Poder Judicial de la Federación para la Implementación de la reforma penal. Dichos órganos fueron creados para formular un plan, una estrategia y un calendario  que llevaran a buen puerto la reforma constitucional.


¿Cómo va la implementación de la reforma penal en el DF?

Más allá de alguna entidad en particular, lo importante radica en avanzar con base en el trabajo conjunto de los poderes públicos de los 3 órdenes de gobierno para implementar la reforma de justicia penal en el país. A la fecha se han aprobado 475 proyectos de las entidades federativas en los diversos ejes que integran la estrategia nacional de implementación, con ello se otorgaron subsidios por más de $1,203’241,615.77 (Mil doscientos tres millones doscientos cuarenta y un mil seiscientos quince pesos M.N. 77/100) distribuidos en los 32 estados. En la SETEC se definieron 4 niveles para medir el grado de avance de la implementación de la reforma de justicia penal en las entidades federativas; de acuerdo con estos niveles se tiene los siguientes resultados:

En la Etapa “Inicial” se encuentra una entidad: Nayarit. En la Etapa de “Planeación” están 15 entidades: Coahuila, Veracruz, Aguascalientes, Sinaloa, Quintana Roo, Baja California Sur, Colima, Querétaro, Guerrero, Jalisco, San Luis Potosí, Sonora, Hidalgo, Campeche y Distrito Federal. En la Etapa de “Entrada en Vigencia” se ubican cinco  entidades: Tlaxcala, Tamaulipas, Michoacán, Tabasco y Puebla. Finalmente, en la etapa de “Operación” existen 2 categorías. “Operación Parcial”, en que están 8 entidades: Chiapas, Oaxaca, Nuevo León, Zacatecas, Durango, Yucatán, Guanajuato y Baja California. La segunda categoría es “Operación Total” donde se encuentran 3 entidades: Chihuahua, Estado de México y Morelos.


¿Tiene contemplada alguna acción para que la gente conozca más sobre el nuevo sistema y confíe en él?

La falta de una difusión integral,  y una diversidad de líneas de acción sobre contenidos y diseños de productos de comunicación institucional, son factores que  provocan que la reforma no alcance un mayor conocimiento público. En la actualidad, salvo algunos estados, no se dispone de una campaña sistemática y constante de difusión. Una parte del éxito de la implementación es que la sociedad se apropie de la reforma y exija a los operadores del sistema que el procedimiento penal se realice conforme a lo establecido. Sin duda, una tarea a realizar será fortalecer la difusión de los beneficios de la reforma. Es necesario construir una campaña de comunicación integral, con alcance nacional, que permee en la ciudadanía; así como generar alianzas con las entidades federativas en campañas comunes considerando características locales y regionales.


¿Cómo agilizar la capacitación de todos los operadores para responder a los requerimientos del nuevo sistema de justicia penal?

De los retos que enfrenta el Estado mexicano para implementar esta reforma, la profesionalización y capacitación de los operadores del nuevo modelo es un aspecto relevante. Sin una adecuada metodología de aprendizaje y formación que combine aspectos teóricos y prácticos, el nuevo sistema, por mejor planteado que esté en la norma, quedaría incompleto y generaría el riesgo de tensionar principios. Cambiar, mejorar y fortalecer las instituciones del sistema de justicia penal, implica transformar la legislación y aplicar agendas de cambio simultáneas. Por ello, se requiere brindar a los operadores del sistema de justicia penal de los 3 órdenes de gobierno, las destrezas, capacidades y habilidades para un cambio de esta envergadura, y construir procedimientos de actuación homologados que en sus resultados recobren la confianza de la sociedad y fortalezcan la lucha contra la impunidad. Hoy en día el personal de las instituciones del sistema de justicia penal en los tres órdenes de gobierno, iniciaron una formación, profesionalización y especialización acorde con su nuevo rol. Estas acciones se reforzarán para proporcionar a todos los operadores del sistema de justicia penal adversarial capacidades y competencias necesarias para afrontar el cambio en beneficio de la ciudadanía. En este proceso es imprescindible la colaboración con el sector académico  así como de la sociedad civil organizada en las entidades donde ya opera de manera parcial y total el nuevo sistema de justicia penal.


¿Hay avances en la capacitación y transformación del Ministerio Público y de las policías en el país?

Se elaboró un nuevo Programa de Capacitación de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación que fue autorizado por el Comité de Capacitación el 28 de junio de 2012.  Este Programa se estructuró en 8 ramas y está dirigido a jueces, ministerios públicos, policías, peritos, defensores e integrantes del sistema penitenciario, entre otros. La finalidad de estructurar el programa por ramas, responde a la necesidad de capacitar a las figuras que intervienen en el procedimiento penal acorde a las funciones que desempeñan, se trata entonces de generar una capacitación de calidad con base en el desarrollo de competencias, que beneficie a la sociedad desde el funcionamiento riguroso del sistema de justicia penal acusatorio oral. El Programa de Capacitación se caracteriza por la flexibilidad curricular y por enfocarse al desarrollo de competencias para que los operadores del nuevo sistema de justicia penal se desempeñen con apego al debido proceso, respetando las garantías individuales y los  derechos humanos.


¿Existe algún proyecto para capacitar defensores privados?

Sí, el artículo décimo tercero del Decreto por el que se creó el Consejo de Coordinación estableció las siguientes atribuciones de la Secretaría Técnica, para la implementación, operación y ejecución del sistema de justicia penal:

IX. Elaborar los programas de capacitación sobre el sistema de justicia penal dirigidos a jueces, agentes del Ministerio Público, policías, defensores, peritos, abogados, así como a la sociedad en general.

X. Apoyar las acciones para la ejecución de los programas de capacitación sobre el sistema de justicia penal dirigidos a jueces, agentes del Ministerio Público, policías, defensores, peritos, abogados, así como a la sociedad en general;

Por ello, en 2 ocasiones hemos apoyado a colegios de abogados que han solicitado capacitación y lo seguiremos haciendo para quién lo solicite.


¿Impulsará la SETEC un Código Procesal Penal Único?

Sin duda, una de las necesidades más apremiantes radica en contar un Código Procesal Penal Único que contribuya a evitar la diversidad de interpretaciones que se presentan a la fecha. La multiplicidad de normas dificulta la procuración y la impartición de justicia; produce además desorden normativo, contradicciones, y en varios de los casos desigualdades e incoherencias. Por lo tanto, es imperativo renovar el sistema procesal penal mexicano y una forma de conseguirlo es precisamente a través de la legislación procesal. Este Código Procesal Penal para todo el país conseguiría unificar la teoría, la práctica, la didáctica, y la jurisprudencia, se tendría mayor seguridad y certeza jurídica; asimismo se evitaría la dispersión legislativa y la existencia de leyes contradictorias, que son fuente de arbitrariedad o de injusticia.


¿Existe alguna posibilidad de aplazar la fecha límite para la implementación del nuevo sistema de justicia penal?

El compromiso que tenemos es cumplir estrictamente con los plazos que marcó la reforma constitucional para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, el cual vence el 17 de junio del año 2016. Siendo este uno de los principales ejes del gobierno del Lic. Enrique Peña Nieto, confío plenamente en que cumpliremos con nuestro deber sumando los esfuerzos de todos los actores involucrados en la implementación de la reforma de justicia penal.

"Promoveremos la aprobación de un Código Procesal Penal Único. La multiplicidad de normas dificulta la procuración y la impartición de justicia y produce desorden normativo."


¿Desea agregar algo?

La demanda ciudadana de mayor seguridad y justicia está en el centro de la reforma constitucional, de los cambios en todas las instituciones involucradas, en una movilización nacional de personas, infraestructura, y tecnologías, así como en la aplicación de instrumentos de formación y planeación que debe cristalizarse en un nuevo sistema de justicia penal en el que los juicios serán públicos, en donde habrá justicia alternativa, donde el juez estará presente para escuchar a las partes, y donde los juicios serán grabados. La reforma abre rutas para garantizar el acceso a la justicia. El nuevo sistema penal será el resultado del trabajo y del esfuerzo de todos.

Ma. de los Ángeles Fromow Rangel

  • Licenciada en Derecho por la UNAM
  • Maestría en Tributación Fiscal por el Centro de Estudios Financieros de Madrid, España
  • Doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España
  • Abogada del Grupo Empresarial CEMEX
  • Directora Ejecutiva de Asuntos Corporativos de MetLife
  • Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de lo Contencioso Electoral Federal
  • Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la PGR
  • Titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud
  • Secretaria Técnica de la Comisión de Política y Seguridad del Equipo de Transición del Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos
  • A partir de enero de 2013 fue designada por el Presidente de la República, en acuerdo con el Secretario de Gobernación, Secretaria Técnica de la SETEC
  • Es miembro de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Colegio de Profesionistas AC

 

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